La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de reclamación judicial interp…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2024
Resumen
La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de reclamación judicial interpuesto por un ciudadano venezolano contra la resolución del Servicio Nacional de Migraciones que ordenó su expulsión del país. El recurrente, quien ingresó clandestinamente en octubre de 2020 y se autodenunció, alegó arraigo familiar por ser padre de una hija chilena de un año. El tribunal consideró que la resolución impugnada fue dictada por autoridad competente, dentro de sus atribuciones y con motivación suficiente, al constatarse el ingreso irregular por paso no habilitado y la falta de regularización migratoria. Además, se determinó que el recurrente no acreditó el arraigo social, laboral o familiar invocado, por lo que no se verificó ilegalidad en el acto administrativo.
Normas citadas
Artículo 141 de la Ley N°21.325
Artículo 69 del Decreto Ley N°1.094
Artículo 78 del Decreto Ley N°1.094
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Preguntas frecuentes
¿Procede anular la orden de expulsión de un extranjero que ingresó clandestinamente a Chile si alega tener una hija chilena?
En este caso, la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el reclamo porque el extranjero no acreditó el arraigo familiar invocado. Por eso no se constató ilegalidad en la resolución de expulsión, que fue dictada por autoridad competente, con motivación suficiente y por ingreso irregular.
¿Es válida una resolución de expulsión del Servicio Nacional de Migraciones dictada contra una persona que ingresó por un paso no habilitado?
En este caso, la Corte consideró válida la resolución del Servicio Nacional de Migraciones, pues se constató un ingreso por paso no habilitado y la falta de regularización migratoria. Además, el acto fue dictado dentro de las atribuciones del organismo y con motivación suficiente.
¿Basta con haberse autodenunciado ante la autoridad migratoria para evitar una expulsión en Chile?
En este caso, la Corte sostuvo que la autodenuncia del recurrente no bastó para evitar la expulsión, ya que no acreditó el arraigo social, laboral o familiar que invocaba. Así, no se verificó ilegalidad en el acto administrativo impugnado.
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