La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó, sin costas, el reclamo de legalidad interpue…
Sentencia · Corte Suprema · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó, sin costas, el reclamo de legalidad interpuesto por la Municipalidad de Ercilla contra la Superintendencia de Educación. La municipalidad impugnaba una multa equivalente al 8% de la subvención de un mes, por no acreditar los saldos de subvenciones educacionales percibidas durante 2022, sanción que atribuía a la discontinuidad de registros tras externalizar el servicio de rendición de recursos en 2021. El tribunal concluyó que la reclamante no entregó la información requerida por la Superintendencia, por lo que la sanción se aplicó conforme al proceso administrativo y a la Ley N° 20.529, cuya obligación de rendición busca que las subvenciones estatales se destinen a fines educativos o que los sobrantes permanezcan en el patrimonio del sostenedor.
Artículo 85 de la Ley N° 20.529 (reclamo de legalidad)
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Preguntas frecuentes
¿Un sostenedor municipal puede ser sancionado con multa por no acreditar el saldo de las subvenciones educacionales que recibió?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el reclamo de legalidad de la Municipalidad, concluyendo que no entregó la información requerida por la Superintendencia de Educación. Por eso la multa se aplicó conforme al proceso administrativo y a la Ley N° 20.529.
¿La externalización del servicio de rendición de recursos exime al sostenedor de su obligación de rendir cuentas de las subvenciones?
El tribunal no acogió el argumento de que la discontinuidad de registros tras externalizar el servicio justificara la falta de acreditación. Sostuvo que la obligación de rendición de la Ley N° 20.529 recae sobre el sostenedor y que la reclamante no entregó la información solicitada.
¿Cuál es el objetivo de la obligación de rendir cuentas de las subvenciones educacionales en Chile?
Según la sentencia, la obligación de rendición de la Ley N° 20.529 busca que las subvenciones estatales se destinen a fines educativos o que los sobrantes permanezcan en el patrimonio del sostenedor. Este objetivo fundamenta la sanción impuesta en este caso.
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