La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago conoció un recurso de amparo con…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026
Resumen
La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago conoció un recurso de amparo constitucional interpuesto en favor de un imputado en contra de la Octava Sala de la misma Corte, que había confirmado la prisión preventiva dictada por un Juzgado de Garantía. La defensa sostenía que el imputado no tenía calidad para los delitos de administración desleal, entrega de información falsa y estafa, y alegaba irregularidades en la formalización, así como la vulneración de la regla de individualización y de los criterios del artículo 140 del Código Procesal Penal. La Corte concluyó que no se acreditó el deber tutelado infringido ni la participación del recurrente, y que las alegaciones reflejaban desacuerdos con la interpretación de normas aplicadas a un caso concreto, sin demostrar una ilegalidad. Además, precisó que la falta de escrituración no justifica modificar una medida cautelar fundada en dos resoluciones previas. Por no existir actuar ilegal de la Corte recurrida, se rechazó el amparo, sin costas.
Normas citadas
Art. 470 Nº11 Código Penal
Art. 467 Código Penal
Art. 468 Código Penal
Art. 59 letra g) Ley Nº18.045
Art. 134 Ley Nº18.046
Art. 140 letra c) Código Procesal Penal
Art. 21 Constitución Política
Ley Nº20.712
amparoprisión preventivaadministración deslealentrega de información falsaestafaprocedimiento penalconstitución
Preguntas frecuentes
¿La falta de escrituración de una resolución permite modificar una medida cautelar de prisión preventiva?
En este caso, la Corte precisó que la falta de escrituración no justifica modificar una medida cautelar que se funda en dos resoluciones previas. Por ello no se acogió la pretensión de alterar la prisión preventiva por ese motivo.
¿Cuándo la Corte de Apelaciones puede acoger un amparo contra la confirmación de una prisión preventiva?
En este caso, el amparo se rechazó sin costas porque no existió actuar ilegal de la Corte recurrida. La Corte sostuvo que las alegaciones no demostraban una ilegalidad y, por tanto, no correspondía acogerlo.
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