El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, planteado por un requirente imputado en un proceso penal en trámite ante un tribunal de garantía. Se alegaba que la norma vulneraba la igualdad ante la ley y la proporcionalidad de las penas. El Tribunal rechazó el requerimiento, sosteniendo que la disposición no es desproporcionada ni discriminatoria, pues el legislador puede excluir el acceso a penas sustitutivas en delitos con un reproche adicional, como la violencia de género, el uso de armas prohibidas o robadas y el tráfico de drogas. Precisó que la determinación de la eventual pena corresponde al tribunal penal competente y no a esa Magistratura.
Normas citadas
Artículo 1° de la Constitución Política
Artículo 19, numeral 2°, de la Constitución Política
Artículo 19, numeral 3°, inciso sexto, de la Constitución Política
Artículo 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
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Preguntas frecuentes
¿Es constitucional excluir de las penas sustitutivas a delitos con un reproche adicional, como la violencia de género o el tráfico de drogas?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la norma no es desproporcionada ni discriminatoria, porque el legislador puede excluir el acceso a penas sustitutivas en delitos con un reproche adicional, como la violencia de género, el uso de armas prohibidas o robadas y el tráfico de drogas. Rechazó el requerimiento.
¿Puede el Tribunal Constitucional determinar la pena concreta que corresponde en un proceso penal por inaplicabilidad?
No. En este caso, el Tribunal precisó que la determinación de la eventual pena corresponde al tribunal penal competente y no a esa Magistratura.
¿Vulnera la igualdad ante la ley y la proporcionalidad de las penas la exclusión de penas sustitutivas en ciertos delitos?
En este caso, el Tribunal descartó que la disposición vulnerara la igualdad ante la ley o la proporcionalidad de las penas, y rechazó el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
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