La Corte de Apelaciones conoció de una impugnación de inaplicabilidad por inconstitucio…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2021
Resumen
La Corte de Apelaciones conoció de una impugnación de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, presentada por un requirente en una gestión pendiente. Se discutía si la norma, que impide el acceso a penas sustitutivas, vulneraba la igualdad ante la ley y el derecho a un procedimiento racional y justo. El tribunal resolvió rechazar la impugnación, declarando que la norma es constitucional, pues las penas sustitutivas no operan automáticamente, la política criminal corresponde fijarla al legislador y no existe un derecho subjetivo a dichas penas. Un ministro previno que estuvo por acoger la impugnación.
Normas citadas
Artículo 1° de la Constitución Política
Artículo 19 numeral 2° de la Constitución Política
Artículo 19 numeral 3°, inciso sexto, de la Constitución Política
Artículo 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Ley N° 18.216
inaplicabilidadinconstitucionalidadigualdad ante la leyprocedimiento racional y justopena privativa de libertad
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional la norma de la Ley 18.216 que impide acceder a penas sustitutivas a ciertos condenados?
En este caso, la Corte de Apelaciones rechazó la impugnación de inaplicabilidad y declaró que el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley 18.216 es constitucional. Sostuvo que las penas sustitutivas no operan automáticamente y que su configuración es materia de política criminal del legislador.
¿Existe un derecho subjetivo a obtener una pena sustitutiva en Chile?
Según este fallo, no existe un derecho subjetivo a las penas sustitutivas. La Corte de Apelaciones estimó que su concesión depende de los requisitos que fija la ley, sin que el condenado tenga una garantía automática de acceder a ellas.
¿Vulnera la igualdad ante la ley una norma que excluye a ciertos delitos de las penas sustitutivas?
En este caso, la Corte de Apelaciones concluyó que la norma no vulnera la igualdad ante la ley ni el derecho a un procedimiento racional y justo. Un ministro previno que estuvo por acoger la impugnación.
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