La Corte de Apelaciones de San Miguel conoció un recurso de reclamación de ilegalidad i…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2024
Resumen
La Corte de Apelaciones de San Miguel conoció un recurso de reclamación de ilegalidad interpuesto contra el decreto alcaldicio que designó al juez de policía local de Curacaví, acto que la recurrente impugnaba como ilegal. El tribunal rechazó el recurso y concluyó que el alcalde es competente para efectuar ese nombramiento conforme a la Ley N° 15.231 y a la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Para fundar su decisión, la Corte consideró el criterio de la Contraloría General de la República, según el cual los jueces de policía local son funcionarios municipales y corresponde al alcalde nombrarlos privativamente, eligiendo entre la terna propuesta por la Corte de Apelaciones respectiva. Concluyó que el acto administrativo impugnado no es ilegal.
Normas citadas
Ley N° 18.695
Ley N° 15.231
Artículo 4° de la Ley N° 15.231
Artículo 151 de la Ley N° 18.695
Código Civil
Artículo 63 de la Ley N° 18.695
Artículo 2° de la Ley N° 18.695
Ley N° 19.880
Derecho AdministrativoFunción PúblicaCompetencia MunicipalDesignación de JuecesRecurso de Ilegalidad
Preguntas frecuentes
¿Quién tiene la competencia para designar a un juez de policía local en Chile?
En este caso, la Corte de Apelaciones de San Miguel concluyó que el alcalde es competente para efectuar el nombramiento, conforme a la Ley N° 15.231 y a la Ley N° 18.695, eligiendo entre la terna propuesta por la Corte de Apelaciones respectiva.
¿Son los jueces de policía local funcionarios municipales para efectos de su nombramiento?
En este caso, la Corte siguió el criterio de la Contraloría General de la República, según el cual los jueces de policía local son funcionarios municipales y corresponde al alcalde nombrarlos privativamente.
¿Procede el recurso de reclamación de ilegalidad contra el decreto alcaldicio que designa a un juez de policía local?
En este caso, la Corte de Apelaciones de San Miguel conoció el recurso, lo rechazó y declaró que el decreto alcaldicio impugnado no era ilegal, por lo que el acto administrativo se mantuvo.
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