La Dirección del Trabajo se pronunció sobre la situación de funcionarios de salud munic…
Dictamen · Dirección del Trabajo · 1997
Resumen
La Dirección del Trabajo se pronunció sobre la situación de funcionarios de salud municipal que no acreditaron, dentro del plazo de dos años establecido en el artículo 2º transitorio de la Ley 19.378, haber aprobado el curso de regularización exigido por su artículo 7º. El organismo concluyó que dicha omisión implica el incumplimiento de un requisito legal para servir el cargo, lo que podría configurar la causal de término de la letra b) del artículo 48 de la misma ley, por incumplimiento grave de las obligaciones funcionarias. Precisó, sin embargo, que esa causal debe acreditarse fehacientemente mediante sumario administrativo. Asimismo, determinó que no resulta jurídicamente procedente otorgar a estos funcionarios un nuevo plazo para regularizar su situación, porque la ley no contempla esa posibilidad.
Normas citadas
Ley 19.378
Artículo 7º de la Ley 19.378
Artículo 48 de la Ley N° 19.378
Preguntas frecuentes
¿Puede terminarse el contrato de un funcionario de salud municipal que no acreditó el curso de regularización exigido por la Ley 19.378?
La Dirección del Trabajo sostiene que esta omisión implica incumplir un requisito legal para servir el cargo y podría configurar la causal de término de la letra b) del artículo 48 de la ley, por incumplimiento grave de obligaciones funcionarias. Precisa que esa causal debe acreditarse fehacientemente mediante sumario administrativo.
¿Se puede otorgar un nuevo plazo para regularizar la situación de funcionarios de salud municipal que no cumplieron el plazo de dos años de la Ley 19.378?
No. En este dictamen, la Dirección del Trabajo determinó que no resulta jurídicamente procedente otorgar un nuevo plazo para regularizar, porque la ley no contempla esa posibilidad.
¿Qué debe hacer el empleador municipal antes de poner término a un funcionario de salud que no aprobó el curso de regularización?
Según este dictamen, la causal de término debe acreditarse fehacientemente mediante un sumario administrativo, y no basta con la sola constatación de que el funcionario no acreditó el curso dentro del plazo legal.
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