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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo por denegación de acceso a informació…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2012

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo por denegación de acceso a información presentado contra el Gobierno Regional de Arica y Parinacota. Se solicitaban antecedentes sobre gastos de asistencia a comisiones de un consejero regional entre 2009 y 2012, incluyendo copia de las facturas que justifican esos gastos y la documentación institucional que permite realizar las liquidaciones. El Consejo rechazó las causales de reserva invocadas por un tercero y ordenó al Gobierno Regional entregar la información requerida dentro de un plazo que no supere los cinco días hábiles contados desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento de lo dispuesto en la Ley de Transparencia. Asimismo, dispuso que se informe el cumplimiento de lo resuelto a través de los canales que indica, para que el organismo pueda verificar la entrega en tiempo y forma. En contra de esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, y no procede el recurso de reposición.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoGestión y administración territorial (Urbanismo)

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si un organismo público se niega a entregar información sobre gastos de comisiones?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo por denegación de acceso y ordenó al Gobierno Regional entregar la información solicitada sobre gastos de asistencia a comisiones.

¿Puede un tercero oponerse a la entrega de información pública invocando causales de reserva?

En este caso, el Consejo rechazó las causales de reserva invocadas por un tercero y ordenó igualmente la entrega de la información requerida.

¿Cuál es el plazo para que un organismo cumpla con una orden de entrega de información del Consejo para la Transparencia?

En este caso, el Consejo ordenó entregar la información dentro de un plazo que no supere los cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento de la Ley de Transparencia.

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