Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre si las municipalidades pueden otorgar subvenciones a juntas de vecinos para que los fondos sean aplicados en el programa de pavimentación participativa regulado por el decreto N° 114, de 1994, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El organismo concluyó que sí están facultadas, pues las juntas de vecinos cumplen los requisitos de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley N° 18.695), y que el hecho de que la resolución exenta N° 1.820, de 2003, fije la proporción de aportes entre particulares y municipio no impide esa posibilidad, ya que la normativa no restringe el origen de los recursos aportados por los particulares. Añadió que la ponderación de cada caso corresponde a la Administración activa, con métodos objetivos, de aplicación general, que resguarden la igualdad de los beneficiarios y eviten discriminaciones arbitrarias. Finalmente, precisó que el dictamen N° 32.294, de 2002, no obsta a esta conclusión, porque se entiende sin perjuicio de los mecanismos que permiten apoyar proyectos de desarrollo comunitario, como el regulado en dicho decreto.