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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2026

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de Putaendo, ordenando la entrega de los expedientes sumariales ya terminados o finalizados correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025. La decisión se fundó en que el secreto sumarial busca asegurar el éxito de la investigación, por lo que cesa una vez concluida, y en que, según la Contraloría General de la República, la reserva del artículo 137 del Estatuto Administrativo es temporal y termina con el sumario. Antes de la entrega, el órgano deberá tarjar la identidad de denunciantes, particulares y funcionarios que declararon como testigos, además de correos, mensajes y datos personales sensibles, conforme al principio de divisibilidad. Asimismo, el Consejo representó al organismo la infracción de los artículos 14 y 11 letra h) de la Ley de Transparencia, por no responder la solicitud dentro del plazo legal.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 19.628
  • Ley N° 18.575
  • Ley N° 18.834
  • Oficio N° 28771
  • Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Se puede negar el acceso a expedientes sumariales administrativos una vez terminados los sumarios?

No. En este caso, el Consejo para la Transparencia sostuvo que el secreto sumarial busca asegurar el éxito de la investigación y cesa al concluir el sumario, por lo que ordenó entregar los expedientes ya finalizados.

¿La reserva del artículo 137 del Estatuto Administrativo impide entregar información de un sumario después de terminado?

No. En este caso, el Consejo acogió la postura de la Contraloría General de la República de que esa reserva es temporal y termina con el sumario, por lo que no impedía entregar los expedientes concluidos.

¿Qué datos deben protegerse al entregar un expediente sumarial por transparencia?

En este caso, el Consejo ordenó tarjar la identidad de denunciantes, particulares y funcionarios que declararon como testigos, además de correos, mensajes y datos personales sensibles, aplicando el principio de divisibilidad.

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