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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal, en el marco de una decisión del Ministerio Público de no perseverar en un procedimiento penal. El fallo acoge la acción y declara la inaplicabilidad de dicha norma en el caso concreto. Asimismo, recuerda que las sentencias de la jurisdicción constitucional obligan a todas las autoridades públicas a cumplirlas y hacerlas cumplir, bajo sanción por infringir el artículo 6° de la Constitución. En consecuencia, ordena al órgano persecutor, parte requerida, realizar las diligencias necesarias para dar cumplimiento a la sentencia, considerando que le corresponde dirigir en forma exclusiva la investigación según el artículo 83 de la Carta Fundamental.

Normas citadas

  • artículo 470, inciso N/A, numeral 1, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso primero, numeral 7
  • Constitución Política, artículo 84, inciso primero
Tribunal ConstitucionalINAAcción Penal PúblicaDeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerechos ImplicitosMinistrosCotizaciones previsionalesProhibición De La Discriminación Arbitraria

Preguntas frecuentes

¿Qué obligación tienen las autoridades cuando una sentencia del Tribunal Constitucional ordena realizar diligencias en una causa penal?

El Tribunal recordó que las sentencias de la jurisdicción constitucional obligan a todas las autoridades públicas a cumplirlas y hacerlas cumplir, bajo sanción por infringir el artículo 6° de la Constitución. Por ello, ordenó al Ministerio Público realizar las diligencias necesarias para dar cumplimiento al fallo.

¿Quién dirige la investigación penal en Chile y puede un tribunal ordenarle diligencias al Ministerio Público?

En este caso, el Tribunal Constitucional consideró que corresponde al Ministerio Público dirigir en forma exclusiva la investigación, según el artículo 83 de la Constitución. Aun así, ordenó al órgano persecutor realizar las diligencias necesarias para cumplir la sentencia.

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