Resumen
El documento es un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal Constitucional contra el artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que fija multas por infracciones urbanísticas entre 0,5% y 20% del presupuesto de obra o entre 1 y 100 UTM. La parte requirente sostiene que dicha norma vulnera los principios de proporcionalidad y de debido proceso, en el marco de una gestión judicial pendiente ante un juzgado de policía local que llega en apelación a la Corte de Apelaciones de San Miguel. Junto con el requerimiento, se pide como medida cautelar la suspensión del procedimiento de la gestión pendiente, se acompaña certificado de la Corte sobre el cumplimiento de los requisitos del artículo 79 de la Ley Orgánica del Tribunal, y se solicita traer los autos en relación y conceder alegatos. El texto no contiene una resolución del Tribunal sobre el fondo del requerimiento.