Resumen
El Tribunal Constitucional fue requerido para declarar inaplicable el artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el artículo 38 de la Ley 18.287, que regulan multas por infracciones urbanísticas y excluyen el recurso de casación. El requirente, sancionado por un Juzgado de Policía Local, alegó que dichas normas vulneran el debido proceso y el principio de proporcionalidad. El requerimiento se presentó en el marco de una gestión pendiente ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, solicitándose además la suspensión del procedimiento como medida cautelar. El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre la admisibilidad y el fondo del requerimiento.