El Tribunal Constitucional examinó un requerimiento contra el artículo 318 del Código P…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional examinó un requerimiento contra el artículo 318 del Código Penal, que sanciona la desobediencia a las medidas sanitarias dictadas por la autoridad. El requerimiento sostenía que el tipo penal no describe expresamente la conducta punible y que la remite a normas administrativas de salubridad, lo que vulneraría el principio de legalidad penal del artículo 19 N° 3 de la Constitución, además de la separación de poderes, la igualdad ante la ley y el debido proceso. El fallo acoge parcialmente el requerimiento. Según el material disponible, el Tribunal concluyó que la determinación de la conducta punible queda entregada a reglas administrativas dinámicas y sin rango de ley, generando inseguridad jurídica, aunque reconoció que las medidas sanitarias son necesarias y deben implementarse dentro del marco constitucional.
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Preguntas frecuentes
¿El tipo penal de desobediencia a medidas sanitarias del artículo 318 del Código Penal respeta el principio de legalidad penal?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento y concluyó que la determinación de la conducta punible queda entregada a reglas administrativas dinámicas y sin rango de ley, lo que genera inseguridad jurídica y afecta el principio de legalidad penal.
¿Es constitucional sancionar penalmente la desobediencia a medidas sanitarias dictadas por la autoridad administrativa?
En este caso, el Tribunal reconoció que las medidas sanitarias son necesarias y deben implementarse, pero sostuvo que su remisión a normas administrativas sin rango de ley para definir la conducta punible vulnera la Constitución, por lo que debe ser el legislador quien describa la conducta sancionada.
¿Puede una ley penal remitir a normas administrativas sanitarias para completar la descripción de una conducta punible?
En este caso, el Tribunal sostuvo que la remisión del artículo 318 del Código Penal a normas administrativas de salubridad, sin una descripción expresa de la conducta, entrega la determinación de lo punible a reglas dinámicas y sin rango de ley, lo que resulta contrario a la garantía de legalidad penal.
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