La Contraloría General de la República resolvió no acoger una solicitud de reconsiderac…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República resolvió no acoger una solicitud de reconsideración respecto de su dictamen N° 52.376, de 2015, relativo al ajuste presupuestario efectuado en la adjudicación de un contrato de obra pública para la conservación del muelle de pescadores de Tocopilla, región de Antofagasta. La recurrente, representante de la empresa contratista, reiteró argumentos ya examinados y alegó infracción a los principios de las licitaciones públicas. El organismo concluyó que no se aportaron nuevos antecedentes de hecho o de derecho que justificaran una decisión distinta. Además, desestimó la afirmación de que los montos del proyecto pudieran modificarse discrecionalmente, pues el dictamen original señaló que los ajustes respondían a la necesidad de adecuar el presupuesto a los gastos reales, sin afectar el régimen de pagos a serie de precios unitarios del contrato.
Normas citadas
Resolución exenta N° 333, de 2014
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Procede la reconsideración de un dictamen de la Contraloría si el recurrente solo reitera argumentos ya examinados?
En este caso, la Contraloría General de la República no acogió la solicitud de reconsideración, porque la recurrente reiteró argumentos ya examinados y no aportó nuevos antecedentes de hecho o de derecho que justificaran una decisión distinta.
¿Puede la administración modificar discrecionalmente el presupuesto de un contrato de obra pública ya adjudicado?
En este caso, la Contraloría desestimó que los montos pudieran modificarse discrecionalmente, pues sostuvo que los ajustes buscaban adecuar el presupuesto a los gastos reales sin afectar el régimen de pagos a serie de precios unitarios del contrato.
¿Un ajuste presupuestario en un contrato de obra pública vulnera los principios de las licitaciones públicas?
En este caso, la Contraloría no acogió la alegación de infracción a los principios de las licitaciones públicas, al concluir que el ajuste respondía a la necesidad de adecuar el presupuesto a los gastos reales y no alteraba el régimen de pagos del contrato.
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