Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre si las municipalidades que integran una asociación municipal deben llamar a licitación pública para disponer sus residuos sólidos domiciliarios en un vertedero gestionado por esa misma asociación. El organismo concluyó que no existe inconveniente en que la agrupación construya el relleno sanitario para que sus municipios miembros depositen los desechos, por tratarse de un servicio común de las finalidades asociativas. Señaló que, al ser la asociación una persona jurídica de derecho privado, no le corresponde determinar si gestiona sus recursos directamente o a través de terceros, sin perjuicio de su facultad fiscalizadora. Asimismo, indicó que, al no existir concesión a un tercero sino operación por la propia asociación, no es exigible una propuesta pública, aplicando el criterio del dictamen N° 30.530, de 2002.