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El Consejo para la Transparencia rechazó por improcedente un amparo de acceso a la info…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2011

Resumen

El Consejo para la Transparencia rechazó por improcedente un amparo de acceso a la información presentado por un concejal contra una municipalidad. El concejal había solicitado información invocando la Ley de Transparencia, pero el Consejo constató que el requerimiento correspondía al ejercicio de la facultad fiscalizadora que la Ley Orgánica de Municipalidades otorga a los concejales, por lo que su tramitación y respuesta se rigen por ese cuerpo legal y no por la Ley de Transparencia. En consecuencia, concluyó que no se había iniciado un procedimiento administrativo de acceso a la información por la vía de la Ley de Transparencia y rechazó el amparo, ordenando notificar a las partes. La decisión fue adoptada por unanimidad de los miembros presentes del Consejo Directivo.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 18.695
  • D.F.L. N° 1
  • Ley N° 18.575
  • Ley N° 19.880
  • D.S. N° 13
  • D.F.L. N° 5
  • Oficio N° 572
amparoDecisión de FondoGestión y administración territorial (Urbanismo)

Preguntas frecuentes

¿Puede un concejal usar la Ley de Transparencia para pedir información a la municipalidad?

En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó por improcedente un amparo de un concejal, porque su solicitud correspondía al ejercicio de la facultad fiscalizadora que la Ley Orgánica de Municipalidades le otorga, y no a la Ley de Transparencia.

¿Qué ocurre si un concejal presenta un amparo de acceso a la información invocando la Ley de Transparencia?

En este caso, el Consejo para la Transparencia concluyó que no se había iniciado un procedimiento administrativo de acceso a la información por esa vía y rechazó el amparo, ordenando notificar a las partes.

¿Qué normativa rige la solicitud de información de un concejal para fiscalizar a la municipalidad?

En este caso, el Consejo para la Transparencia sostuvo que la tramitación y respuesta de ese requerimiento se rigen por la Ley Orgánica de Municipalidades, que otorga la facultad fiscalizadora a los concejales, y no por la Ley de Transparencia.

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