Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la resolución de la Policía de Investigaciones de Chile, que aprobaba las bases administrativas, técnicas y anexos de una licitación pública para contratar el servicio de digitación de registros históricos de control migratorio de 1960 a 1981. El organismo concluyó que no es admisible exigir antecedentes financieros como balances, declaraciones de renta e informes del Boletín Comercial si no tienen un propósito orientado a calificar a los proponentes y seleccionar la oferta más conveniente, conforme a la Ley N° 19.886 y a los principios de eficacia, eficiencia y celeridad de la Ley N° 18.575 y la Ley N° 19.880. Asimismo, objetó la referencia a la garantía de fiel cumplimiento por no ajustarse al decreto N° 250, de 2004, que exige fijar en las bases la glosa que debe contener dicha caución. Finalmente, precisó que la mención a una Comisión Técnica debe entenderse referida a la Comisión de Evaluación, y representó el acto administrativo en estudio.