El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad presentado por l…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2024
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad presentado por la Ilustre Municipalidad de Illapel, que cuestionaba el artículo 429 inciso primero, parte final, del Código del Trabajo y el artículo 4° bis inciso segundo de la Ley N° 17.322, normas que impiden declarar el abandono del procedimiento en procesos de ejecución laboral y previsional. El tribunal concluyó que estas disposiciones no producen resultados contrarios a la Constitución en la gestión pendiente. Sostuvo que el resguardo del plazo razonable corresponde primariamente al juzgador y no al demandante, aunque el ejecutado también tiene interés en que la causa avance, pues la demora incrementa la deuda previsional. Por ello, la inactividad procesal no justifica inaplicar normas que buscan evitar la paralización de los procesos de cobranza de derechos previsionales.
Normas citadas
Artículo 429 inciso primero, parte final, Código del Trabajo
Artículo 4° BIS inciso segundo, Ley N° 17.322
Constitución Política de la República
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Preguntas frecuentes
¿Procede declarar el abandono del procedimiento en un juicio ejecutivo laboral o previsional en Chile?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que las normas que impiden declarar el abandono en procesos de ejecución laboral y previsional no producen resultados contrarios a la Constitución, por lo que rechazó el requerimiento de inaplicabilidad.
¿Quién debe velar por el plazo razonable de un proceso de ejecución laboral o previsional?
Según este fallo, el resguardo del plazo razonable corresponde primariamente al juzgador y no al demandante, aunque el ejecutado también tiene interés en que la causa avance, pues la demora aumenta la deuda previsional.
¿La inactividad procesal del demandante permite inaplicar la prohibición de declarar el abandono en cobranzas previsionales?
En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que la inactividad procesal no justifica inaplicar normas que buscan evitar la paralización de los procesos de cobranza de derechos previsionales.
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