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El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por e…

Sentencia · 2024

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por el requirente en contra de los artículos 429 inciso primero del Código del Trabajo y 4° BIS inciso segundo de la Ley N° 17.322, que impiden declarar el abandono del procedimiento en procesos de ejecución laboral. El requirente cuestionaba que la gestión se había extendido por más de 10 años, con períodos de paralización. Si bien la finalidad del legislador, consistente en el impulso procesal de oficio y la celeridad, es legítima, el Tribunal concluyó que en el caso concreto la aplicación de los preceptos produce efectos contrarios a la Constitución, afectando la igualdad ante la ley, el debido proceso y la seguridad jurídica. Fundó esta conclusión en que la improcedencia del abandono no resulta un medio razonable para alcanzar dicha finalidad, y en que impone una carga no razonable al requirente, quien ya había pagado en 2015 y vio aumentar la deuda con el tiempo. La sentencia fue redactada por la Ministra D.M.M., con disidencia de la Ministra M.P.R..

Normas citadas

  • Artículo 429 inciso primero, parte final, Código del Trabajo
  • Artículo 4° BIS inciso segundo, Ley N° 17.322
  • Artículos 152 y siguientes, Código de Procedimiento Civil
abandono del procedimientoejecución laboralseguridad socialdilaciones indebidasinaplicabilidad por inconstitucionalidadcontinuidad procesal

Preguntas frecuentes

¿El impulso procesal de oficio en la ejecución laboral impide que el tribunal declare el abandono del procedimiento aunque haya inactividad prolongada?

En este caso, el Tribunal reconoció que la finalidad de impulso de oficio y celeridad es legítima, pero estimó que la improcedencia del abandono no es un medio razonable para alcanzarla y que impone una carga no razonable al requirente.

¿Qué derechos pueden verse afectados si la norma impide declarar el abandono en un procedimiento ejecutivo laboral muy prolongado?

En este caso, el Tribunal sostuvo que la aplicación de los preceptos afecta la igualdad ante la ley, el debido proceso y la seguridad jurídica, considerando que el deudor ya había pagado y que la deuda aumentó con el tiempo.

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