El Segundo Juzgado de Policía Local de San Bernardo acogió una querella infraccional y…
Sentencia · 2 JUZGADO DE POLICIAL LOCAL DE SAN BERNARDO · 2016
Resumen
El Segundo Juzgado de Policía Local de San Bernardo acogió una querella infraccional y una demanda civil por cobro indebido de una cuota ya pagada, en aplicación de la Ley N° 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores. Se condenó a la empresa Ripley (Empresas Ripley) por infringir los artículos 12 y 23 inciso 1° de dicha ley, imponiéndole una multa de tres Unidades Tributarias Mensuales y el pago de $150.000 por daño moral, sumas reajustables según el IPC y con intereses legales desde la mora, más costas. Se rechazaron las indemnizaciones por daño emergente y lucro cesante, por no haberse cuantificado los montos reclamados.
Normas citadas
Ley 19.496, Art. 3
Ley 19.496, Art. 12
Ley 19.496, Art. 23 Inc. 1
Ley 19.496, Art. 24
Ley 19.496, Art. 28
Ley 19.496, Art. 50
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios
Preguntas frecuentes
¿Puede una tienda cobrar una cuota de un crédito que el cliente ya pagó y qué consecuencias tiene?
En este caso, el Segundo Juzgado de Policía Local de San Bernardo sancionó a la empresa Ripley por infringir los artículos 12 y 23 inciso 1° de la Ley 19.496 al cobrar indebidamente una cuota ya pagada. Se le impuso una multa de tres UTM y el pago de una indemnización por daño moral, con reajuste según IPC, intereses legales y costas.
¿Procede indemnización por daño emergente y lucro cesante en un juicio de consumo por cobro indebido?
En este caso, el tribunal rechazó las indemnizaciones por daño emergente y lucro cesante porque los montos reclamados no fueron cuantificados. Solo se concedió el daño moral, fijado en $150.000.
¿Cómo se tramita ante un Juzgado de Policía Local una querella infraccional y demanda civil por infracción a la Ley del Consumidor?
En este caso, el Segundo Juzgado de Policía Local de San Bernardo acogió conjuntamente la querella infraccional y la demanda civil, aplicando la Ley 19.496. Así, resolvió la sanción administrativa y las indemnizaciones civiles en una misma sentencia.
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