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La Contraloría General de la República tomó razón, con alcances, de la resolución N° 9…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

La Contraloría General de la República tomó razón, con alcances, de la resolución N° 9 de 2011, de la Dirección de Arquitectura de la Región Metropolitana, que autorizó un aumento de plazo para la ejecución de la consultoría "Proyecto Habilitación Centro Gabriela Mistral". El organismo consideró que el acto se ajusta a derecho, pero advirtió que en lo sucesivo los actos que aprueben convenios como el de la especie deben dictarse oportunamente y someterse a toma de razón antes de entrar en vigencia, y que los acuerdos celebrados por el servicio deben transcribirse en los actos que los sancionan, conforme a la resolución N° 1.600, de 2008. Precisó además que el examen de legalidad no implica pronunciamiento sobre las materias exentas de toma de razón, como la liquidación del contrato.

Normas citadas

  • Res 1600/2008 CONTR art/3
  • Res 1600/2008 CONTR art/6 inc/2
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Un aumento de plazo en un contrato de consultoría de la administración del Estado debe someterse a toma de razón de la Contraloría?

En este caso, la Contraloría tomó razón con alcances de la resolución que autorizó un aumento de plazo para una consultoría de la Dirección de Arquitectura, considerando que el acto se ajusta a derecho. Advirtió que los actos que aprueben convenios de este tipo deben dictarse oportunamente y someterse a toma de razón antes de entrar en vigencia.

¿Qué exige la Contraloría para que los acuerdos celebrados por un servicio público sean válidos en un acto administrativo?

En este caso, el organismo señaló que los acuerdos celebrados por el servicio deben transcribirse en los actos que los sancionan, conforme a la resolución N° 1.600, de 2008. Esta exigencia se formuló como advertencia para los actos futuros.

¿Qué alcance tiene el examen de legalidad de la Contraloría al tomar razón de un acto administrativo?

En este caso, la Contraloría precisó que su examen de legalidad no implica pronunciamiento sobre las materias exentas de toma de razón, como la liquidación del contrato. Así, el control se limitó al acto de aumento de plazo.

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