La Contraloría General de la República concluyó que el Servicio de Registro Civil e Ide…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2023
Resumen
La Contraloría General de la República concluyó que el Servicio de Registro Civil e Identificación no puede tramitar posesiones efectivas a solicitud de un liquidador concursal, pues la ley N° 19.903 reserva esa facultad a los herederos de una sucesión intestada y el procedimiento es voluntario. Sin embargo, el organismo debe entregar al liquidador los certificados del Registro Nacional de Posesiones Efectivas que se vinculen con el deudor y sean de interés para la masa, conforme al artículo 36 de la ley N° 20.720, previa acreditación fehaciente de su calidad de liquidador. Respecto de una causa que se tramita ante el 2° Juzgado de Letras de Arica, el dictamen no se pronunció por tratarse de un asunto sometido a los tribunales de justicia, según el artículo 6° de la ley N° 10.336.
Normas citadas
Ley 19903 art/1
ley 19903 art/2
ley 19903 art/8 inc/1
ley 19903 art/8 inc/2
ley 19903 art/5 inc/3
DTO 237/2004 justi art/40
ley 20720 art/331
ley 20720 art/332
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Puede un liquidador concursal pedir al Registro Civil que tramite una posesión efectiva de bienes del deudor?
No. En este caso, la Contraloría concluyó que el Servicio de Registro Civil no puede tramitar posesiones efectivas a solicitud de un liquidador concursal, porque la ley N° 19.903 reserva esa facultad a los herederos de una sucesión intestada y el procedimiento es voluntario.
¿Qué información del Registro Nacional de Posesiones Efectivas puede obtener un liquidador concursal?
En este caso, la Contraloría sostuvo que el Registro Civil debe entregar al liquidador los certificados que se vinculen con el deudor y sean de interés para la masa, conforme al artículo 36 de la ley N° 20.720, previa acreditación fehaciente de su calidad de liquidador.
¿Puede la Contraloría pronunciarse sobre una causa que ya está en tribunales?
No necesariamente. En este caso, el dictamen no se pronunció sobre la causa que se tramita ante un juzgado de letras de Arica, por tratarse de un asunto sometido a los tribunales de justicia, según el artículo 6° de la ley N° 10.336.
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