El Tribunal Constitucional examinó si el artículo 318 del Código Penal, que sanciona a…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018
Resumen
El Tribunal Constitucional examinó si el artículo 318 del Código Penal, que sanciona a quien ponga en peligro la salud pública por infracción de reglas higiénicas o de salubridad publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, era compatible con el principio de legalidad penal del artículo 19, Nº 3, inciso noveno, de la Constitución. La mayoría sostuvo que el precepto no describe por sí mismo la conducta punible, sino que delega su definición en normas administrativas de rango infralegal, lo que genera indeterminación, inseguridad jurídica y espacio para una aplicación arbitraria del poder punitivo. Por ello acogió el requerimiento y declaró inconstitucional el artículo 318, señalando que la autoridad sanitaria puede regular conductas, pero no amenazarlas con sanción penal sin una descripción legal suficiente de la conducta. El fallo fue acogido por mayoría de los integrantes del tribunal.
Normas citadas
artículo 318, de Código Penal
artículo 398, de Código Procesal Penal
artículo 3, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
artículo 21, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoReinserción socialIgualdad ante la Leyley de control de armaspenas sustitutivasDeterminación de la pena
Preguntas frecuentes
¿Puede la autoridad sanitaria amenazar con pena una conducta mediante una norma administrativa sin que la ley la describa?
En este caso, el Tribunal Constitucional señaló que la autoridad sanitaria puede regular conductas, pero no asociarles una sanción penal sin que la ley describa suficientemente la conducta punible. Una descripción legal insuficiente genera indeterminación e inseguridad jurídica.
¿Qué implica el principio de legalidad penal para las leyes que remiten a reglamentos en materia de delitos?
En este caso, el Tribunal Constitucional entendió que la remisión a normas infralegales para definir el delito deja espacio para una aplicación arbitraria del poder punitivo, lo que resulta incompatible con el artículo 19, Nº 3, de la Constitución. Este fallo fue acogido por mayoría de sus integrantes.
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