La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una empresa c…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2025
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una empresa contratista para que se le pagaran mayores gastos generales en un contrato suscrito por la Dirección General de Obras Públicas. La empresa sostenía que la necesidad de autorización de CONAF para intervenir especies forestales en el lugar de las obras y el traslado de un mayor número de postes que el licitado le impidieron iniciar el contrato según su programación. La Administración reconoció estas circunstancias y otorgó un aumento de plazo de 120 días corridos. El organismo contralor concluyó que la situación no encuadra en el artículo 146 del RCOP, sino en el artículo 138, por tratarse de una falta de entrega oportuna del terreno. En consecuencia, ordenó a la Dirección de Vialidad determinar la procedencia de indemnizar los gastos directos debidamente justificados del contratista, sin perjuicio del examen de juridicidad de la liquidación del contrato.
Normas citadas
dto 75/2004 moopp art/146
dto 75/2004 moopp art/147
dto 75/2004 moopp art/138
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Qué norma del Reglamento de Contratos de Obras Públicas aplica cuando la Administración no entrega oportunamente el terreno al contratista?
En este caso, la Contraloría concluyó que la falta de entrega oportuna del terreno debe regirse por el artículo 138 del RCOP y no por el artículo 146. Con ello, dejó establecido que la situación corresponde a ese supuesto para efectos de determinar la indemnización.
¿Un aumento de plazo otorgado por la Administración excluye el derecho del contratista a ser indemnizado por gastos generales?
En este caso, la Administración otorgó un aumento de plazo de 120 días corridos, pero la Contraloría dispuso que se evalúe igualmente la procedencia de indemnizar los gastos directos justificados del contratista. Lo resuelto deja sin efecto cualquier exclusión y sujeta el pago al examen de juridicidad de la liquidación del contrato.
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