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El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025

Resumen

El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido contra los artículos 472 y 476 del Código del Trabajo, que regulan la inapelabilidad de resoluciones en procedimientos de cobranza laboral. El caso surgió en el marco de un incidente de abandono del procedimiento dentro de una causa de cumplimiento laboral, donde la parte requirente cuestionaba la imposibilidad de apelar. La sentencia rechazó la acción por mayoría de los ministros, con prevención y voto disidente. Los disidentes, en cambio, estuvieron por acoger la acción, fundándose en que la segunda instancia es un principio de la organización judicial y en que su modificación requiere ley orgánica constitucional.

Normas citadas

  • artículo 472, de Código del Trabajo
  • artículo 476, inciso 1, de Código del Trabajo
Tribunal ConstitucionalINARecurso de apelaciónDerecho Al RecursoCeleridad procesal

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional que el Código del Trabajo declare inapelables las resoluciones en procedimientos de cobranza laboral?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad contra los artículos 472 y 476 del Código del Trabajo, por lo que la inapelabilidad en cobranza laboral se mantuvo aplicable. La decisión fue por mayoría, con una prevención y un voto disidente.

¿Se puede apelar la resolución que declara el abandono del procedimiento en una causa de cumplimiento laboral?

En este caso, la parte requirente cuestionó la imposibilidad de apelar una resolución dictada en un incidente de abandono del procedimiento dentro de una causa de cumplimiento laboral. El Tribunal rechazó su acción, de modo que no se acogió el reclamo de apelación.

¿Puede una ley ordinaria modificar la segunda instancia judicial en materias laborales?

En este caso, los ministros disidentes sostuvieron que la segunda instancia es un principio de la organización judicial y que su modificación requiere ley orgánica constitucional. Esa postura no prevaleció, ya que la mayoría rechazó la acción.

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