Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad presentado por una sociedad residencial ejecutada en una causa de cumplimiento laboral, que cobra cotizaciones, reajustes, intereses, recargos y costas. Tras casi doce años sin actuaciones desde la última liquidación, la requirente pidió el abandono del procedimiento, pero el tribunal de cobranza lo rechazó de plano y la decisión quedó en apelación. La requirente impugnó la aplicación de los artículos 429, inciso primero, parte final, del Código del Trabajo y 4° BIS, inciso segundo, de la Ley N° 17.322, por vulnerar garantías de igualdad ante la ley, debido proceso, seguridad jurídica y propiedad. El Tribunal acogió el requerimiento: reconoció que la norma persigue una finalidad legítima, como el impulso procesal de oficio y la celeridad laboral, pero concluyó que en este caso concreto la improcedencia del abandono no es un medio razonable para alcanzar esos fines e impone una carga no razonable a la parte requirente. La sentencia fue redactada por la Ministra D.M.M. y cuenta con voto disidente del Ministro H.M.R..