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El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022

Resumen

El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra la expresión "en forma absoluta" del artículo 9° de la Ley N° 21.226, régimen excepcional de funcionamiento de los tribunales durante la pandemia de COVID-19. La cuestión se centró en si esa norma, al limitar la suspensión de juicios orales penales con personas privadas de libertad, vulneraba el debido proceso, la defensa y los principios de oralidad, inmediación y publicidad. El fallo acogió el requerimiento. En los fundamentos de la disidencia y de los votos particulares se sostuvo que la brecha digital genera discriminación por razones económicas, culturales, educacionales y territoriales, y que la realización de juicios orales penales en línea mediante sistemas informáticos impide en la práctica respetar cabalmente esos principios, configurando una vulneración del debido proceso.

Tribunal ConstitucionalINA

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional la norma que limitaba la suspensión de juicios orales penales con personas privadas de libertad durante la pandemia?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inaplicabilidad contra la expresión "en forma absoluta" del artículo 9° de la Ley N° 21.226, por considerar que esa limitación podía vulnerar el debido proceso, la defensa y los principios de oralidad, inmediación y publicidad.

¿Puede realizarse un juicio oral penal en línea mediante sistemas informáticos sin afectar el debido proceso?

En los fundamentos de la disidencia y de los votos particulares de este fallo se sostuvo que los juicios orales penales en línea impiden en la práctica respetar cabalmente la oralidad, la inmediación y la publicidad, configurando una vulneración del debido proceso.

¿La brecha digital puede constituir una forma de discriminación en el acceso a la justicia penal?

En los fundamentos de la disidencia y de los votos particulares de este fallo se sostuvo que la brecha digital genera discriminación por razones económicas, culturales, educacionales y territoriales en la participación en juicios telemáticos.

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