El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por una ex alcaldesa de Lampa en contra del inciso final del artículo 127 de la Ley N° 10.336, que limita las excepciones oponibles a sentencias dictadas en juicios de cuentas a la prescripción, el pago o la falta de emplazamiento. La condena cuestionada, dictada en 2022, obligaba solidariamente a la requirente y a otra persona a restituir más de 9.790 UTM por irregularidades en la ejecución de un contrato de obra municipal. El Tribunal estimó que la norma no vulnera derechos fundamentales, pues el procedimiento de cuentas responde a un interés público en la protección del patrimonio estatal y la restricción no impide el derecho a defensa, ya que conserva las excepciones más relevantes y los recursos ordinarios. Hubo voto disidente, que sostuvo que debió acogerse el requerimiento porque la responsabilidad del funcionario no justifica impedirle enervar el título ejecutivo mediante hechos extintivos o excluyentes.
Normas citadas
Código de Procedimiento Civil
Artículo 24.1 CE (Constitución Española, citada como referencia comparada)
juicio de cuentascosa juzgadaexcepciones procesalesContraloría Generalinaplicabilidad por inconstitucionalidadsentencia ejecutivaderecho a defensapatrimonio estatal
Preguntas frecuentes
¿Se puede oponer cualquier excepción a una sentencia dictada en un juicio de cuentas en Chile?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el inciso final del artículo 127 de la Ley N° 10.336 limita las excepciones oponibles a la prescripción, el pago o la falta de emplazamiento, y que esa restricción no vulnera derechos fundamentales. Conserva las excepciones más relevantes y los recursos ordinarios.
¿La limitación de excepciones en el juicio de cuentas vulnera el derecho a defensa?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y estimó que la restricción no impide el derecho a defensa, porque el procedimiento responde a un interés público en la protección del patrimonio estatal. Hubo un voto disidente que sostuvo lo contrario.
¿Puede un funcionario municipal enervar un título ejecutivo en un juicio de cuentas alegando hechos extintivos o excluyentes?
En este caso, el Tribunal Constitucional no lo permitió, pues la norma impugnada restringe esas excepciones y el tribunal consideró que ello es constitucional. El voto disidente sostuvo que la responsabilidad del funcionario no justifica impedirle hacerlo.
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