El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 127, inciso final, de la Ley N° 10.336, que restringe las excepciones oponibles en la ejecución de sentencias de juicios de cuentas. El requirente alegaba vulneración de la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad. La mayoría del tribunal desestimó estos argumentos. Sin embargo, los ministros disidentes estimaron que debió acogerse el requerimiento, pues la restricción de excepciones en la etapa de ejecución afecta el derecho a defensa, al impedir al ejecutado oponer hechos extintivos, excluyentes o impedientes, sin que la naturaleza de la deuda o el carácter público del acreedor justifiquen tal limitación.
Normas citadas
Código de Procedimiento Civil
Ley N° 10.336
Artículo 127 de la Ley N° 10.336
Artículo 464 del Código de Procedimiento Civil
Ley N° 17.997
Código del Trabajo
Artículo 3 del Código de Procedimiento Civil
Artículo 477 del Código de Procedimiento Civil
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Preguntas frecuentes
¿El artículo 127 de la Ley N° 10.336, que restringe las excepciones en la ejecución de sentencias de juicios de cuentas, es inconstitucional?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad y desestimó los argumentos de igualdad ante la ley, debido proceso y derecho de propiedad. Sin embargo, hubo ministros disidentes que estimaron que el requerimiento debió acogerse.
¿Restringir las excepciones que puede oponer el ejecutado en la etapa de ejecución de una sentencia vulnera el derecho a defensa?
Según los ministros disidentes en este caso, sí, porque impide al ejecutado oponer hechos extintivos, excluyentes o impedientes. La mayoría del tribunal no compartió esta conclusión y rechazó el requerimiento.
¿Puede el carácter público del acreedor justificar limitar las excepciones en la ejecución de una deuda?
En este caso, los ministros disidentes sostuvieron que ni la naturaleza de la deuda ni el carácter público del acreedor justifican tal limitación. La mayoría del tribunal, en cambio, desestimó el requerimiento.
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