El Consejo para la Transparencia conoció un recurso de amparo presentado contra la Muni…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2017
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un recurso de amparo presentado contra la Municipalidad de Quilpué, en el que se pedía que el municipio realizara gestiones para obtener la personalidad jurídica de una fundación. El Consejo determinó que lo solicitado no constituye una petición de acceso a información pública, pues no se refería a información contenida en alguno de los soportes que señala la Ley de Transparencia, sino que correspondía al ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución. Por ello, al no haberse ejercido el derecho de acceso a la información en los términos legales, declaró inadmisible el amparo por unanimidad de sus miembros presentes. La decisión fue notificada a las partes y se indicó que en su contra procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, dentro de quince días corridos, sin que proceda el recurso de reposición.
Normas citadas
Constitución Política de la República
Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Es admisible un amparo ante el Consejo para la Transparencia si lo solicitado no es información pública?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo porque lo pedido no constituía una solicitud de acceso a información pública, sino el ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un amparo?
En este caso, el Consejo para la Transparencia indicó que en contra de su decisión procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, dentro de quince días corridos, y que no procede el recurso de reposición.
¿Puede el Consejo para la Transparencia ordenar a un municipio realizar gestiones para obtener la personalidad jurídica de una fundación?
En este caso, el Consejo para la Transparencia determinó que lo solicitado no era una petición de acceso a información pública, pues no se refería a información contenida en los soportes que señala la Ley de Transparencia, por lo que declaró inadmisible el amparo.
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