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La Contraloría General de la República se pronunció sobre una petición de una funcionar…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre una petición de una funcionaria del Consejo de Defensa del Estado que impugnaba la resolución N° 62, de 2016, que declaró vacante su cargo. La entidad desestimó la alegación de arbitrariedad en las evaluaciones, pues los períodos evaluatorios son independientes entre sí y las notas pueden variar según el desempeño. Rechazó también que se la hubiera sancionado dos veces por los mismos hechos, por haberse resuelto ya ese punto en un dictamen anterior sin nuevos antecedentes. Respecto de la denuncia de acoso laboral y sexual formulada por la recurrente, no acompañó respaldo probatorio, pero la Contraloría advirtió que de existir tal situación se afectaría la imparcialidad del precalificador, esencial para la transparencia del proceso. Por ello ordenó al Consejo de Defensa del Estado emitir un informe sobre ese punto dentro de 15 días hábiles administrativos.

ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede un funcionario público impugnar la declaración de vacancia de su cargo alegando que sus evaluaciones fueron arbitrarias?

En este caso, la Contraloría General de la República desestimó la alegación de arbitrariedad, pues los períodos evaluatorios son independientes entre sí y las calificaciones pueden variar según el desempeño de cada período.

¿Se puede sancionar dos veces a un funcionario por los mismos hechos en un procedimiento administrativo?

La Contraloría rechazó que hubiera doble sanción, porque el punto ya había sido resuelto en un dictamen anterior y no se presentaron nuevos antecedentes que justificaran volver a pronunciarse sobre él.

¿Qué debe hacer la Contraloría si un funcionario denuncia acoso laboral o sexual dentro de un proceso de calificación o vacancia?

En este caso, al no haber respaldo probatorio de la denuncia de acoso, la Contraloría advirtió que de existir la situación se afectaría la imparcialidad del precalificador y ordenó al Consejo de Defensa del Estado emitir un informe sobre ese punto en 15 días hábiles administrativos.

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