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La Corte de Apelaciones de San Miguel conoció de un recurso de apelación cautelar deduc…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026

Resumen

La Corte de Apelaciones de San Miguel conoció de un recurso de apelación cautelar deducido por el Ministerio Público contra la resolución del 11° Juzgado de Garantía de Santiago que había sustituido la prisión preventiva de la imputada por una medida menos gravosa. La defensa no discutió la concurrencia de los presupuestos de las letras a) y b) del artículo 140 del Código Procesal Penal, limitando sus alegaciones a la necesidad de cautela. El tribunal estimó que la libertad de la imputada representa un peligro para la seguridad de la sociedad (letra c), considerando la pena asignada al delito, el bien jurídico protegido y la probable forma de cumplimiento, lo que hace insuficientes las demás medidas cautelares. En consecuencia, revocó la sustitución y mantuvo la prisión preventiva, fundándose en los artículos 139, 140 y 352 del Código Procesal Penal, y ordenó al juez a quo adoptar las medidas necesarias para cumplir lo resuelto.

Normas citadas

  • Art. 139 del Código Procesal Penal
  • Art. 140 del Código Procesal Penal
  • Art. 352 del Código Procesal Penal
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Preguntas frecuentes

¿Cuándo procede mantener la prisión preventiva en lugar de sustituirla por una medida cautelar menos gravosa en el proceso penal chileno?

En este caso, la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la sustitución y mantuvo la prisión preventiva porque estimó que la libertad de la imputada representaba un peligro para la seguridad de la sociedad, considerando la pena asignada al delito, el bien jurídico protegido y la probable forma de cumplimiento, lo que hacía insuficientes las demás medidas cautelares.

¿Qué efectos tiene la revocación de una sustitución de prisión preventiva por apelación del Ministerio Público en el proceso penal chileno?

En este caso, la Corte de Apelaciones revocó la sustitución apelada por el Ministerio Público, mantuvo la prisión preventiva y ordenó al juez de garantía adoptar las medidas necesarias para cumplir lo resuelto, fundándose en los artículos 139, 140 y 352 del Código Procesal Penal.

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