La Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la resolución del Juzgado de Garantía de M…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026
Resumen
La Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la resolución del Juzgado de Garantía de Melipilla que había rechazado la prisión preventiva de una imputada por el delito de homicidio, y en su lugar decretó dicha medida cautelar. El tribunal consideró que, en esta etapa procesal, concurrían los presupuestos del artículo 140 del Código Procesal Penal en cuanto a la existencia del delito y la participación de la imputada, sin que la defensa hubiera presentado antecedentes que sustentaran una teoría alternativa. Asimismo, estimó que la libertad de la imputada constituía un peligro para la seguridad de la sociedad, dada la gravedad de la pena asignada al delito, la naturaleza del mismo, los bienes jurídicos protegidos y la forma de comisión, concluyendo que las demás medidas cautelares eran insuficientes para asegurar los fines del procedimiento.
Normas citadas
Art. 140 del Código Procesal Penal
Art. 352 del Código Procesal Penal
Art. 370 del Código Procesal Penal
Art. 155 del Código Procesal Penal
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Preguntas frecuentes
¿Procede decretar la prisión preventiva de una imputada por homicidio si la defensa no presenta antecedentes que sustenten una teoría alternativa?
En este caso, la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó lo resuelto por el juzgado de garantía y decretó la prisión preventiva, al considerar que concurrían los presupuestos del artículo 140 del Código Procesal Penal, sin que la defensa aportara antecedentes que sustentaran una teoría alternativa.
¿Cuándo se considera que la libertad de un imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad?
En este caso, el tribunal estimó que la libertad de la imputada constituía dicho peligro por la gravedad de la pena asignada al delito, su naturaleza, los bienes jurídicos protegidos y la forma de comisión.
¿Son suficientes otras medidas cautelares distintas de la prisión preventiva en un caso de homicidio?
En este caso, la Corte concluyó que las demás medidas cautelares eran insuficientes para asegurar los fines del procedimiento, por lo que decretó la prisión preventiva de la imputada.
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