La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de que un Serv…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2023
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de que un Servicio Local de Educación Pública ordene la desvinculación de un asistente de la educación condenado por abusos deshonestos. El dictamen concluye que el beneficio del artículo 1° del decreto ley N° 409, de 1932, no elimina los efectos de la sentencia condenatoria. Fundamenta que el legislador, al exigir idoneidad moral en la Ley General de Educación y su texto refundido (DFL N° 2, de 2009), buscó exigencias más rigurosas también para el personal asistente, por lo que el beneficio resulta inaplicable a quienes hayan sido condenados por los delitos que indica esa normativa. Asimismo, descarta que concurra una inhabilidad sobreviniente en los términos del artículo 33, letra h), de la ley N° 21.109, por cuanto la designación de una persona inhábil impide adquirir la calidad de funcionario.
Normas citadas
Ley 19464 art/3 inc/1
ley 21109 art/4 inc/1
ley 21109 art/17 lt/f
ley 21109 art/33 lt/h
DFL 2/2009 educa art/46 inc/1 lt/g inc/3
DL 409/32 art/1
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Un Servicio Local de Educación Pública puede desvincular a un asistente de la educación por una condena penal que incluye el beneficio de remisión?
En este caso, la Contraloría se pronunció sobre la procedencia de que el Servicio Local ordene la desvinculación del asistente condenado, concluyendo que el beneficio de remisión no impide esa medida, dado que el beneficio no elimina los efectos de la condena para efectos de la idoneidad moral exigida.
¿Una condena por abusos deshonestos genera una inhabilidad sobreviniente que impide mantener la calidad de funcionario público?
En este caso, la Contraloría descartó que concurra una inhabilidad sobreviniente en los términos del artículo 33, letra h), de la ley N° 21.109, porque la designación de una persona inhábil impide adquirir la calidad de funcionario, sin que el dictamen extienda ese efecto a la situación de quien ya ejerce el cargo.
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