Resumen
La Contraloría General de la República desestimó una solicitud de reconsideración presentada contra un oficio de su Sede Regional de La Araucanía, que se había abstenido de pronunciarse sobre la situación de un funcionario público respecto de una pena accesoria de suspensión para cargos y oficios públicos, en un contexto de libertad vigilada otorgada por un tribunal. El órgano de control razonó que, si bien la eliminación de antecedentes prontuariales produce efectos respecto de exigencias legales y administrativas, el alcance de dicha pena accesoria constituye una materia de competencia exclusiva del tribunal que dictó la sentencia, al cual debe recurrirse. Invocó el principio de no intervención, consagrado en la ley orgánica de la Contraloría y en la ley de procedimientos administrativos, que impide a ese organismo intervenir en asuntos sometidos al Poder Judicial, incluso cuando ya existe sentencia definitiva. Al no aportarse antecedentes suficientes para modificar lo concluido por la Sede Regional, se ratificó el pronunciamiento en todas sus partes.