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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por una persona condenada en un proceso penal por porte ilegal de municiones, dirigido contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que impide el acceso a las penas sustitutivas en determinados casos. El requirente sostenía que la norma vulneraba los artículos 1°, 19 N° 2 y 19 N° 3 inciso sexto de la Constitución, así como tratados internacionales de derechos humanos. El Tribunal rechazó la impugnación, por estimar que la norma no es inconstitucional. Reiterando su jurisprudencia en varios centenares de sentencias, sostuvo que la política criminal corresponde al legislador dentro de límites constitucionales, que el derecho internacional de los derechos humanos no crea un derecho a penas sustitutivas, que no existe un derecho subjetivo a su aplicación y que no se configuraba un trato discriminatorio contrario a la igualdad ante la ley. Un ministro previno disintiendo, por estimar que debía acogerse la impugnación.

Normas citadas

  • Artículo 1° de la Constitución Política de la República de Chile
  • Artículo 19, numeral 2° de la Constitución Política de la República de Chile
  • Artículo 19, numeral 3°, inciso sexto de la Constitución Política de la República de Chile
  • Artículo 1°, inciso segundo de la Ley N° 18.216
  • Artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
  • Artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
inaplicabilidadinconstitucionalidadigualdaddignidadproporcionalidadpenasderechos fundamentalesporte ilegal de municiones

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional que la ley impida acceder a penas sustitutivas en ciertos delitos, como el porte ilegal de municiones?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y declaró que el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 no es inconstitucional. Sostuvo que definir la política criminal corresponde al legislador dentro de límites constitucionales.

¿Existe un derecho a que el condenado obtenga una pena sustitutiva según los tratados internacionales de derechos humanos?

En este caso, el Tribunal sostuvo que el derecho internacional de los derechos humanos no crea un derecho a penas sustitutivas. Tampoco reconoció un derecho subjetivo a que estas se apliquen al condenado.

¿Vulnera la igualdad ante la ley que una norma excluya del acceso a penas sustitutivas a ciertos condenados?

En este caso, el Tribunal descartó que se configurara un trato discriminatorio contrario a la igualdad ante la ley. Por ello, estimó que la norma impugnada no resultaba contraria a la Constitución.

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