Resumen
La Contraloría General de la República representó la resolución N° 3, de 2010, de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, por la que se aplicó la medida disciplinaria de destitución a un funcionario. El órgano consideró que la sanción expulsiva se fundó en una investigación sumaria, lo que contraviene el artículo 126, inciso sexto, del Estatuto Administrativo, que prohíbe aplicar la destitución como resultado de ese procedimiento salvo la hipótesis del inciso final del artículo 72. Por ello, ordenó a la autoridad subsanar la observación e instruir el correspondiente sumario administrativo. Asimismo, se declaró ajustada a derecho la decisión de la jefatura de instruir la investigación, y se señaló que la recusación del fiscal instructor debía plantearse dentro del plazo del artículo 132 del mismo Estatuto.