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La Contraloría General de la República representó la resolución N° 3, de 2010, de la Ag…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2010

Resumen

La Contraloría General de la República representó la resolución N° 3, de 2010, de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, por la que se aplicó la medida disciplinaria de destitución a un funcionario. El órgano consideró que la sanción expulsiva se fundó en una investigación sumaria, lo que contraviene el artículo 126, inciso sexto, del Estatuto Administrativo, que prohíbe aplicar la destitución como resultado de ese procedimiento salvo la hipótesis del inciso final del artículo 72. Por ello, ordenó a la autoridad subsanar la observación e instruir el correspondiente sumario administrativo. Asimismo, se declaró ajustada a derecho la decisión de la jefatura de instruir la investigación, y se señaló que la recusación del fiscal instructor debía plantearse dentro del plazo del artículo 132 del mismo Estatuto.

Normas citadas

  • ley 18834 art/138 inc/1
  • ley 18834 art/61 lt/k
  • ley 18834 art/132 ley 18834 art/126 inc/6
  • ley 18834 art/72 inc/fin
  • dfl 29/2004 hacie ley 18575
  • dfl 1/19653/2000 sepre
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede aplicarse la destitución de un funcionario público si la sanción se funda solo en una investigación sumaria?

No. En este caso, la Contraloría sostuvo que el artículo 126, inciso sexto, del Estatuto Administrativo prohíbe aplicar la destitución como resultado de una investigación sumaria, salvo la hipótesis del inciso final del artículo 72, por lo que ordenó instruir un sumario administrativo.

¿Cuál es el plazo para recusar al fiscal instructor de un procedimiento disciplinario en la Administración del Estado?

En este caso, la Contraloría señaló que la recusación del fiscal instructor debía plantearse dentro del plazo establecido en el artículo 132 del Estatuto Administrativo.

¿Es procedente que la jefatura de un servicio público ordene instruir una investigación sumaria contra un funcionario?

Sí. En este caso, la Contraloría declaró ajustada a derecho la decisión de la jefatura de instruir la investigación, sin perjuicio de la observación sobre la aplicación de la destitución.

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