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La Dirección del Trabajo se pronunció sobre cómo incide la reducción de la jornada ordi…

Dictamen · Dirección del Trabajo · 2005

Resumen

La Dirección del Trabajo se pronunció sobre cómo incide la reducción de la jornada ordinaria semanal a 45 horas, dispuesta por la ley Nº 19.759, en el tiempo de colación de los trabajadores portuarios permanentes. El organismo sostiene que el artículo 34 del Código del Trabajo, que obliga a dividir la jornada diaria y a otorgar un lapso mínimo de media hora para colación no computable como trabajado, sigue plenamente vigente, porque la nueva normativa sobre jornada semanal no regula la materia. Concluye que el tiempo de colación no debe verse alterado por la reducción de la jornada, y que si las partes pactaron que dicho tiempo formaba parte de la jornada, ese pacto se mantiene. Advierte, sin embargo, que para determinar si el beneficio se imputa o no a la jornada en cada empresa se requiere conocer la situación particular de cada una, lo que debe acreditarse mediante el informe de fiscalización correspondiente.

Normas citadas

  • Ley N° 19.759
  • Código del Trabajo
  • Artículo 34 del Código del Trabajo

Preguntas frecuentes

¿La reducción de la jornada semanal a 45 horas afecta el tiempo de colación de los trabajadores?

En este dictamen, la Dirección del Trabajo sostiene que el artículo 34 del Código del Trabajo sigue plenamente vigente, porque la ley N° 19.759 no regula el tiempo de colación. Por eso, la reducción de la jornada no debe alterar ese tiempo.

¿Qué pasa con el tiempo de colación si el empleador y el trabajador lo pactaron como parte de la jornada?

La Dirección del Trabajo concluye que, si las partes pactaron que el tiempo de colación formaba parte de la jornada, ese pacto se mantiene. Así lo indica el dictamen al analizar el caso de los trabajadores portuarios permanentes.

¿Cómo se determina si el tiempo de colación se imputa a la jornada en una empresa portuaria?

El dictamen advierte que debe conocerse la situación particular de cada empresa. Esa circunstancia debe acreditarse mediante el informe de fiscalización correspondiente, sin que el organismo fije una regla general para todos los casos.

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