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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por el requirente, en el contexto de un proceso penal por porte de arma de fuego prohibida y porte de drogas, contra el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216. El requirente sostuvo que dicha norma vulneraba los artículos 1°, 19 N° 2 y 19 N° 3 inciso sexto de la Constitución, así como tratados internacionales de derechos humanos. El Tribunal rechazó el requerimiento, estimando que la norma no contraviene los preceptos invocados. Señaló que la determinación de la pena y su proporcionalidad corresponde al tribunal penal competente, y que el legislador puede excluir el acceso a penas sustitutivas en delitos como el uso de armas prohibidas o el tráfico de drogas, sin que ello resulte discriminatorio ni carente de razonabilidad.

Normas citadas

  • Artículo 1° de la Constitución Política de la República de Chile
  • Artículo 19, numeral 2° de la Constitución Política de la República de Chile
  • Artículo 19, numeral 3°, inciso sexto de la Constitución Política de la República de Chile
  • Artículo 1°, inciso segundo de la Ley N° 18.216
  • Artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
  • Artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
inaplicabilidadinconstitucionalidadley 18.216pena privativa de libertadigualdad ante la leydignidad humanaprocedimiento racional y justoproporcionalidad de penas

Preguntas frecuentes

¿Es inconstitucional excluir de las penas sustitutivas de la Ley N° 18.216 los delitos de porte de arma de fuego prohibida y tráfico de drogas?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y estimó que el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216 no contraviene la Constitución. Sostuvo que el legislador puede excluir el acceso a penas sustitutivas en delitos como el uso de armas prohibidas o el tráfico de drogas, sin que ello sea discriminatorio ni carente de razonabilidad.

¿Quién decide la pena aplicable y su proporcionalidad cuando se invoca la inaplicabilidad de una norma sobre penas sustitutivas?

En este caso, el Tribunal Constitucional señaló que la determinación de la pena y su proporcionalidad corresponde al tribunal penal competente que conoce del proceso. Por ello, no entró a fijar la pena en el caso concreto, limitándose al control de constitucionalidad de la norma.

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