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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un exonerado…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2013

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un exonerado político que pidió una pensión transaccional por expiración obligada de funciones, conforme a la ley N° 19.234. El organismo concluyó que no procede otorgar este beneficio. Explicó que las causales de expiración obligada previstas en el artículo 12 del decreto ley N° 2.448, de 1978, solo aplican al personal de planta y a contrata de exclusiva confianza, calidades que el peticionario no tenía al momento de su cese. Lo anterior, porque el personal docente de reemplazo no integraba escalafón alguno ni estaba sujeto a la carrera docente, siendo un nombramiento de carácter temporal. En consecuencia, la situación previsional fue considerada ajustada a derecho, y los antecedentes fueron devueltos al Instituto de Previsión Social.

Normas citadas

  • ley 19234 art/1
  • ley 19234 art/2
  • dl 2327/78 EDUCA art/9
  • dfl 338/60 art/118
  • ley 6606 art/1
  • dl 2448/78 art/12
  • dl 6/73
  • dl 22/73
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Procede la pensión transaccional por expiración obligada de funciones para un exonerado político que era docente de reemplazo?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que no procede, porque las causales de expiración obligada del artículo 12 del decreto ley N° 2.448 solo aplican al personal de planta y a contrata de exclusiva confianza, calidades que el peticionario no tenía al cesar.

¿Un docente de reemplazo puede acceder a la expiración obligada de funciones si su nombramiento era temporal?

En este caso, el organismo sostuvo que el docente de reemplazo no integraba escalafón alguno ni estaba sujeto a la carrera docente, por lo que su nombramiento temporal no da derecho a este beneficio.

¿Qué pasa con la situación previsional de un exonerado político al que se le niega la expiración obligada de funciones?

En este caso, la Contraloría General de la República consideró ajustada a derecho la situación previsional y devolvió los antecedentes al Instituto de Previsión Social.

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