El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra la expresión "en forma absoluta" del inciso segundo del artículo 9° de la Ley N° 21.226, que establecía un régimen de excepción para procesos judiciales durante la pandemia de COVID-19. En materia penal, la parte requirente cuestionó la realización de juicios orales por vía remota por afectar el derecho a defensa y el debido proceso. El fallo acoge el requerimiento. Para ello, considera que los principios de oralidad, inmediación y publicidad, propios del debido proceso, se ven de manera práctica impedidos en un juicio en línea, y que la brecha digital genera desigualdades de acceso por razones económicas, culturales, educacionales y territoriales, lo que configura una vulneración de esa garantía en los juicios orales penales vía remota.
Tribunal ConstitucionalINA
Preguntas frecuentes
¿Puede un juicio oral penal realizarse por videoconferencia sin afectar el debido proceso?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y sostuvo que la realización de juicios orales penales por vía remota vulnera el debido proceso, porque impide en la práctica los principios de oralidad, inmediación y publicidad, y la brecha digital genera desigualdades de acceso.
¿Qué efectos tiene la brecha digital en el derecho a defensa dentro de un proceso penal?
Según este fallo, la brecha digital genera desigualdades de acceso por razones económicas, culturales, educacionales y territoriales, lo que configura una vulneración de la garantía del debido proceso en los juicios orales penales realizados vía remota.
¿Cuándo procede un requerimiento de inaplicabilidad contra una norma de excepción dictada durante la pandemia de COVID-19?
En este caso, el Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad contra la expresión "en forma absoluta" del inciso segundo del artículo 9° de la Ley N° 21.226, que establecía un régimen de excepción para procesos judiciales durante la pandemia, y lo acogió.
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