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El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra la expresión "en forma absoluta" contenida en el artículo 9° de la Ley N° 21.226, dictada en el contexto de la pandemia por COVID-19. La norma impugnada exigía que, en causas penales con personas privadas de libertad, la suspensión de audiencias solo procediera cuando el impedimento obstaculizara de manera absoluta el ejercicio de las facultades de las partes o intervinientes. El requerimiento sostenía que esa exigencia afectaba el debido proceso y el derecho a defensa, al impedir suspender juicios orales realizados por vía remota pese a limitaciones derivadas de la emergencia sanitaria. El Tribunal acogió el requerimiento, razonando que el juicio oral en línea impide respetar íntegramente los principios de oralidad, inmediación y publicidad, y que la brecha digital genera desigualdad y discriminación por razones económicas, culturales, educacionales y territoriales, configurándose una vulneración a la garantía del debido proceso.

Tribunal ConstitucionalINA

Preguntas frecuentes

¿Se puede suspender un juicio oral penal por la pandemia si se realiza de forma remota?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y declaró inconstitucional la exigencia de que el impedimento fuera absoluto para suspender audiencias, al estimar que el juicio oral en línea no respeta íntegramente la oralidad, inmediación y publicidad.

¿El juicio oral en línea vulnera el debido proceso en causas penales?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el juicio oral en línea impide respetar íntegramente los principios de oralidad, inmediación y publicidad, y que la brecha digital genera desigualdad, configurando una vulneración a la garantía del debido proceso.

¿Qué efecto tiene la brecha digital en el derecho a defensa durante la pandemia?

En este caso, el Tribunal Constitucional consideró que la brecha digital genera desigualdad y discriminación por razones económicas, culturales, educacionales y territoriales, lo que afecta la garantía del debido proceso en juicios orales remotos.

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