Resumen
La Contraloría General de la República precisó el alcance de un dictamen previo, de 2014, que había señalado que corresponde al Servicio de Impuestos Internos, y no a la Superintendencia de Casinos de Juego, definir si procede una deducción para la determinación del impuesto del artículo 59 de la ley N° 19.995. El organismo concluyó que la facultad interpretativa de la superintendencia, prevista en el N° 7 del artículo 42 de esa ley, se limita a las materias de su competencia, y que la determinación del sentido y alcance de los aspectos normativos de la obligación tributaria corresponde al Servicio de Impuestos Internos. Recordó además el deber de coordinación entre órganos de la Administración del Estado. En consecuencia, ordenó a la superintendencia adoptar medidas para ajustar sus actuaciones a lo dictaminado, dejando sin efecto un oficio y dos resoluciones que habían fijado el alcance de esa obligación respecto de una sociedad, y le exigió informar las providencias adoptadas en un plazo de 30 días hábiles.