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La Contraloría General de la República se pronunció sobre una presentación de una asoci…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2013

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre una presentación de una asociación que denunció ante la Superintendencia de Casinos de Juego el funcionamiento de máquinas de azar en diversos locales del país, solicitando que ese organismo accionara ante los tribunales conforme al artículo 42, N° 16, de la ley N° 19.995. La superintendencia requirió antecedentes adicionales, y al no recibir indicios suficientes para establecer hechos verosímiles de explotación ilegal, se abstuvo de ejercer acciones judiciales. El órgano contralor concluyó que no hubo infracción a la ley N° 19.995, pues la superintendencia indagó y ponderó los antecedentes con eficiencia y eficacia, conforme a la ley N° 18.575. Asimismo, descartó una vulneración del artículo 61, letra k), de la ley N° 18.834, que obliga a los funcionarios a denunciar crímenes o simples delitos.

Normas citadas

  • ley 19995 art/35 inc/1
  • ley 19995 art/36
  • ley 19995 art/35 inc/2
  • ley 19995 art/42 inc/1 num/16
  • ley 19995 art/45
  • ley 19995 art/3 lt/a
  • cpe art/275
  • ley 18575 art/3
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Está obligada la Superintendencia de Casinos de Juego a ejercer acciones judiciales cuando recibe una denuncia sobre máquinas de azar ilegales?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que no, porque la superintendencia requirió antecedentes adicionales y, al no reunir indicios suficientes para establecer hechos verosímiles de explotación ilegal, se abstuvo de accionar ante los tribunales, sin que ello constituyera infracción a la ley N° 19.995.

¿Puede la Contraloría revisar si un organismo fiscalizador indagó adecuadamente una denuncia de juego ilegal?

En este caso, la Contraloría examinó la actuación de la Superintendencia de Casinos de Juego y concluyó que indagó y ponderó los antecedentes con eficiencia y eficacia, conforme a la ley N° 18.575, descartando el incumplimiento alegado por la asociación denunciante.

¿Un funcionario público incumple su deber de denunciar delitos si no presenta una querella tras una denuncia sin antecedentes suficientes?

En este caso, la Contraloría descartó una vulneración del artículo 61, letra k), de la ley N° 18.834, que obliga a los funcionarios a denunciar crímenes o simples delitos, porque la superintendencia no contaba con indicios suficientes para establecer hechos verosímiles de explotación ilegal.

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