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El Consejo para la Transparencia resolvió un recurso de amparo sobre el acceso a inform…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2017

Resumen

El Consejo para la Transparencia resolvió un recurso de amparo sobre el acceso a información pública vinculada a un proyecto de viviendas sociales. La controversia se centraba en la exigencia de pago de derechos municipales para entregar la información solicitada. El Consejo acogió la solicitud y ordenó al municipio entregar los antecedentes, facultándolo a hacerlo en papel si la digitalización presenta dificultades, previo pago de los costos de reproducción conforme al artículo 18 de la Ley de Transparencia y a la ordenanza municipal sobre derechos. Fijó un plazo de diez días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento del artículo 46 de la misma ley, y dispuso que se informe el cumplimiento al Consejo. Notificó la decisión a la solicitante y a la alcaldesa, y señaló que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de quince días corridos, sin que proceda reposición administrativa.

Normas citadas

  • DFL 458 1976 - Ley General de Urbanismo y Construcción
  • Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOtros

Preguntas frecuentes

¿Puede un municipio cobrar derechos para entregar información pública solicitada por transparencia?

En este caso, el Consejo para la Transparencia ordenó entregar la información y permitió el cobro de los costos de reproducción conforme al artículo 18 de la Ley de Transparencia y a la ordenanza municipal sobre derechos.

¿Qué pasa si el municipio no puede digitalizar la información solicitada?

En este caso, el Consejo facultó al municipio a entregar los antecedentes en papel si la digitalización presenta dificultades, previo pago de los costos de reproducción.

¿Qué plazo tiene el municipio para cumplir con la entrega de información ordenada por el Consejo para la Transparencia?

En este caso, el Consejo fijó un plazo de diez días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia, y dispuso que se informe el cumplimiento.

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