Resumen
La Contraloría General de la República ratificó su dictamen N° E37918, de 2020, que había concluido que corresponde a las jefaturas superiores de los organismos ponderar la adopción de medidas de gestión para enfrentar el brote de COVID-19. Los recurrentes cuestionaban que la Dirección de Compras y Contratación Pública dispusiera el retorno gradual de funcionarios pese a las cuarentenas vigentes, y pedían un proceso disciplinario por la resolución exenta N° 58 A, de 2020, que lo formalizó. El organismo fiscalizador resolvió que se trata de una materia de mérito que compete a la superioridad, y que el acto citado expuso sus antecedentes de hecho y de derecho, por lo que no advirtió irregularidad. Declaró que no podía atender la solicitud sobre el acto que fijó los servicios esenciales, por aludir genéricamente a un instrumento sin identificarlo. Finalmente, justificó la respuesta conjunta a dos consultas en los principios de economía procedimental y eficiencia administrativa.