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AdministrativoInadmisible

El Consejo para la Transparencia conoció un amparo por acceso a la información pública…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2021

Resumen

El Consejo para la Transparencia conoció un amparo por acceso a la información pública presentado contra la Delegación Presidencial Regional de Arica - Parinacota. El Consejo concluyó que la solicitud no versaba sobre información pública, sino que correspondía al ejercicio del derecho de petición relativo a la situación migratoria del requirente. Por ello, resolvió declarar inadmisible el amparo y no se pronunció sobre el fondo. La resolución indica que contra ella procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de 15 días corridos desde su notificación, conforme a la Ley de Transparencia, y que no procede el recurso de reposición.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 18.575
  • Ley N° 19.880
  • D.L. N° 1094
  • D.S. N° 13
  • D.F.L. N° 1
  • Artículo 59 de la Ley N° 19.880
amparoDecisión de inadmisibilidad

Preguntas frecuentes

¿Procede un amparo por acceso a la información pública si la solicitud en realidad busca que la autoridad resuelva una situación personal?

En este caso, el Consejo para la Transparencia concluyó que la solicitud correspondía al ejercicio del derecho de petición y no a una solicitud de información pública, por lo que declaró inadmisible el amparo sin pronunciarse sobre el fondo.

¿Contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un amparo, cabe reposición o reclamo de ilegalidad?

En este caso, el Consejo indicó que no procede el recurso de reposición, pero sí el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de 15 días corridos desde su notificación, conforme a la Ley de Transparencia.

¿Qué diferencia existe entre una solicitud de acceso a la información pública y una petición administrativa dirigida a un órgano del Estado?

En este caso, el Consejo sostuvo que una solicitud referida a la situación migratoria del requirente constituye un derecho de petición y no una solicitud de información pública, por lo que no corresponde tramitarla bajo la Ley de Transparencia.

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