La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó la acción constitucional de protección inter…
Sentencia · Corte Suprema · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó la acción constitucional de protección interpuesta por un trabajador que se desempeñaba como director regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) en la Región de Arica y Parinacota, quien fue destituido mediante resolución fundada en un sumario administrativo. El recurrente alegó vulneración de garantías constitucionales por vicios en el procedimiento, como designación irregular del fiscal ad hoc, notificación defectuosa de cargos e insuficiencia probatoria. La Corte estableció que los procedimientos se ajustaron al Estatuto Administrativo, que existió formulación de cargos, oportunidad de descargos y producción de prueba, y que la Contraloría General de la República validó la legalidad de los actos. Al no constatarse un actuar ilegal o arbitrario, se descartó la afectación de derechos constitucionales y se rechazó la acción.
Normas citadas
Artículo 19, numerales 1, 2 y 4 de la Constitución Política de la República
Artículo 20 de la Constitución Política de la República
Artículo 129 del Estatuto Administrativo
Artículo 131 del Estatuto Administrativo
Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre acciones de protección
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Preguntas frecuentes
¿Procede acción de protección contra la destitución de un funcionario público si el sumario administrativo cumplió el Estatuto Administrativo?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que, si el sumario se ajustó al Estatuto Administrativo, con formulación de cargos, descargos y producción de prueba, y la Contraloría validó la legalidad de los actos, no hay acto ilegal ni arbitrario y la acción de protección se rechaza.
¿Qué pasa con los vicios de procedimiento en un sumario, como la designación del fiscal o una notificación defectuosa, para efectos de una acción de protección?
En este caso, la Corte Suprema examinó los alegatos de designación irregular del fiscal ad hoc y notificación defectuosa de cargos, y concluyó que los procedimientos se ajustaron a la normativa, por lo que no se configuró vulneración de garantías constitucionales.
¿Se puede vulnerar la garantía de igualdad ante la ley o el debido proceso por un procedimiento disciplinario contra un director regional?
En este caso, la Corte Suprema descartó la afectación de derechos constitucionales al verificar que existieron cargos, descargos y producción de prueba conforme al Estatuto Administrativo, sin constatar un actuar ilegal o arbitrario.
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