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La Corte de Apelaciones de Valparaíso conoció un recurso de protección interpuesto por…

Sentencia · Corte Suprema · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Valparaíso conoció un recurso de protección interpuesto por un funcionario sancionado administrativamente en contra de un acto de la Contraloría General de la República, que confirmó un sumario administrativo. El recurrente alegaba decaimiento del procedimiento por haber excedido los seis meses previstos en la Ley 19.880, vulneración del principio de culpabilidad y falta de proporcionalidad de la sanción. El tribunal constató que desde la formulación de cargos hasta la imposición de la sanción no transcurrió un año, por lo que no se produjo el efecto extintivo alegado, y que no existía ilegalidad ni arbitrariedad que permitiera fundar la vulneración de garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso y derecho de propiedad. En consecuencia, se rechazó el recurso sin costas.

Normas citadas

  • Artículo 19, numerales 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 27 de la Ley 19.880
recurso de protecciónsumario administrativodecaimiento de procedimientoContraloría Generaldebido procesoprincipio de culpabilidadproporcionalidad de sancionesgarantías constitucionales

Preguntas frecuentes

¿Se extingue un sumario administrativo por haber transcurrido más de seis meses desde su inicio?

En este caso, la Corte Suprema concluyó que no se produjo el decaimiento alegado, porque desde la formulación de cargos hasta la imposición de la sanción no transcurrió un año. Por lo tanto, el plazo invocado no extinguió el procedimiento.

¿Puede un funcionario sancionado recurrir de protección contra la confirmación de un sumario por la Contraloría General de la República?

En este caso, el recurso de protección fue conocido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y luego llegó a la Corte Suprema, que lo rechazó. El tribunal sostuvo que no existía ilegalidad ni arbitrariedad que justificara la vulneración de garantías constitucionales.

¿Cuándo el debido proceso y la igualdad ante la ley permiten anular una sanción administrativa?

En este caso, la Corte Suprema estimó que no se acreditó ilegalidad ni arbitrariedad en el acto de la Contraloría, por lo que no se vulneraron la igualdad ante la ley, el debido proceso ni el derecho de propiedad. Por ello se rechazó el recurso sin costas.

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